Legislación internacional que regula los desplazamientos forzados

Editor original Naomi O’Reilly como parte del PREP Content Development Project

Principales colaboradoresNaomi O’Reilly, Kim Jackson, Jess Bell y Carin Hunter

Introducción(edit | edit source)

La legislación puede tener varias finalidades: puede regular, sancionar, restringir o autorizar. En el ámbito de las personas desplazadas, se legisla para aclarar las responsabilidades de cada país y garantizar los derechos legales. La protección de los derechos de los ciudadanos es responsabilidad de cada Estado. Cuando esto no sucede, y el Estado de Derecho en un Estado se rompe, ya sea porque un gobierno no puede o no quiere proporcionar protección a los derechos de sus ciudadanos, entonces otro país tiene la responsabilidad de intervenir para garantizar que estos derechos sean respetados. Esto se denomina «protección internacional». (1) El marco jurídico internacional en el que se basa esta protección se elaboró tras la Segunda Guerra Mundial en respuesta a los movimientos masivos de población y a las posibilidades de desestabilización resultantes. (2) El derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados y el derecho de los derechos humanos son cuerpos legales complementarios que comparten un objetivo común, la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas, y forman una compleja red de protecciones complementarias. (3)

Principios humanitarios( editar | editar fuente )

Los principios humanitarios fundamentales de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad tienen su origen en la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja. Se basan en el Derecho Internacional Humanitario y constituyen la base de los códigos de conducta, los compromisos y las normas básicas integradas y ampliamente aceptadas que sustentan la respuesta «humanitaria».(4) Estos principios humanitarios se han consagrado formalmente en dos resoluciones de la Asamblea General. Los tres primeros principios, humanidad, neutralidad e imparcialidad, conocidos como la solución de la respuesta humanitaria, fueron refrendados en la Resolución 46/182 de 1991 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que el cuarto principio, el de la independencia, fue refrendado en 2004 mediante la Resolución 58/114.

Estos principios humanitarios proporcionan las bases fundamentales de la acción humanitaria que los profesionales de la rehabilitación que trabajan en la respuesta humanitaria deben respetar en todo momento. Estos principios son fundamentales para establecer y mantener el acceso a las personas afectadas, ya sea en un desastre o en una emergencia compleja, como un conflicto armado. Deben guiarte en todas tus decisiones.(5)

Tabla 1. Principios humanitarios fundamentales (5)
Humanidad Neutralidad Imparcialidad Independencia
El sufrimiento humano debe abordarse allí donde tenga lugar. El objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto a los seres humanos. Los agentes humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades ni participar en controversias de carácter político, racial, religioso o ideológico. La acción humanitaria debe llevarse a cabo únicamente en función de las necesidades, dando prioridad a los casos más urgentes de sufrimiento y sin hacer ninguna distinción adversa por motivos de nacionalidad, raza, sexo, creencia religiosa, clase social u opinión política. La acción humanitaria debe ser autónoma con respecto a los objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo que cualquier parte tenga con respecto a las zonas en las que se lleva a cabo la acción humanitaria.
Hay que prestar especial atención a los más vulnerables de la población, como los niños, las mujeres, las personas mayores y las personas con discapacidad. La rehabilitación debe proporcionarse sin discriminación, debe guiarse únicamente en función de las necesidades y debe darse prioridad a los que tienen una necesidad más urgente.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos( editar | editar fuente )

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (8)adoptada en 1948, se considera generalmente el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos. Representa el reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables a todos por igual, y que cada uno de nosotros nace libre e igual en dignidad y derechos. Sea cual sea nuestra nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, la comunidad internacional se comprometió el 10 de diciembre de 1948 a defender la dignidad y la justicia para todos nosotros. Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (9) y sus dos Protocolos Facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(10)forman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos.(11) La legislación sobre derechos humanos rige las obligaciones de los Estados hacia los ciudadanos y otros individuos dentro de su jurisdicción. La legislación sobre derechos humanos consagra el más alto de los ideales humanos, que todo ser humano tiene un conjunto de derechos y libertades y, como tal, no puede ser arrebatado por los Estados y se aplica en todo momento. (12)

Según las Naciones Unidas, el compromiso esbozado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se ha traducido en derecho, en forma de tratados, derecho internacional consuetudinario, principios generales, acuerdos regionales y derecho interno, a través de los cuales se expresan y garantizan los derechos humanos. Ha inspirado más de 80 tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos, convenios regionales de derechos humanos, proyectos de ley nacionales de derechos humanos y disposiciones constitucionales, que en su conjunto constituyen un amplio sistema jurídicamente vinculante para la promoción y protección de los derechos humanos.(8)

Los nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos que se contemplan establecen normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos que los Estados pueden suscribir al convertirse en parte(13). Estos tratados son:

Derecho Internacional Humanitario( editar | editar fuente )

El Derecho Internacional Humanitario, también conocido como Derecho de Guerra o Derecho de los Conflictos Armados, enraizado en las normas de las antiguas civilizaciones y religiones, es un conjunto de normas que buscan, por razones humanitarias, limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y restringe los medios y métodos de guerra, sólo se aplica a los conflictos armados y no cubre las tensiones o disturbios internos ni los actos de terror.(14)

Una parte importante del Derecho Internacional Humanitario está contenida en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que desde entonces han sido complementados por otros dos acuerdos: los Protocolos Adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Otros acuerdos, que conforman el Derecho Internacional Humanitario, prohíben el uso de determinadas armas y tácticas militares y protegen a determinadas categorías de personas y bienes: (14)

El Derecho Internacional Humanitario protege a quienes no participan en los combates, como los civiles y el personal militar médico y religioso, así como a quienes han dejado de participar, como los combatientes heridos, náufragos y enfermos, y los prisioneros de guerra.(14)

Derecho de los Refugiados( editar | editar fuente )

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951( editar | editar fuente )

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, conocida como la Convención de los Refugiados, es el principal instrumento internacional del Derecho de los Refugiados, que se basa en el estatuto y los derechos. Ratificado por 146 Estados Partes, define el término «refugiado» y describe los derechos de los desplazados, así como las obligaciones legales de los Estados para protegerlos. La Convención explica claramente quién es un refugiado y el tipo de protección legal, asistencia y derechos sociales que debe recibir de los países que han firmado el documento. Contiene amplias disposiciones sobre las obligaciones y los derechos de los refugiados en ámbitos tan diversos como el empleo remunerado, la legislación laboral, la seguridad social, las ayudas públicas y la educación. La Convención también define las obligaciones de un refugiado con los gobiernos de acogida y con ciertas categorías de personas, como los criminales de guerra, que no cumplen los requisitos para obtener el estatus de refugiado.(15) Las disposiciones de la Convención de 1951 no se aplicarán a ninguna persona respecto de la cual existan razones fundadas para considerar que:

  • han cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad, tal y como se definen en los instrumentos internacionales elaborados para contemplar dichos crímenes;
  • han cometido un delito no político grave fuera del país de refugio antes de su admisión en dicho país como refugiado;
  • han sido declarados culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. (15)

El principio básico de la Convención de 1951 es la no devolución, que afirma que un refugiado no debe ser devuelto a un país en el que se enfrente a graves amenazas contra su vida o su libertad, lo que ahora se considera una norma de derecho internacional consuetudinario.

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 ( editar | editar fuente )

El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 es un tratado internacional que debe leerse junto a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, conocida como la Convención sobre los Refugiados. La Convención sobre los Refugiados de 1951 se redactó tras la Segunda Guerra Mundial y sólo se aplicaba a las personas desplazadas como consecuencia de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa. Después de 1951 surgieron nuevas situaciones de refugiados que no entraban en el ámbito de aplicación de la Convención sobre los Refugiados de 1951, lo que condujo a la elaboración del Protocolo de 1967. El Protocolo de 1967 pretendía proporcionar un estatus igual a todos los refugiados, independientemente de su ubicación geográfica y de la fecha del 1 de enero de 1951″. (18)

Básicamente, el Protocolo de 1967 eliminó las restricciones geográficas y temporales de la Convención sobre los Refugiados para que ésta se aplicara universalmente.(15) Este tratado garantiza que las protecciones de la Convención de los Refugiados, originalmente limitadas a la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, se extiendan a todos los refugiados.

Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África de 1969( editar | editar fuente )

La Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, promulgada en Addis Abeba el 10 de septiembre de 1969 y que entró en vigor el 20 de junio de 1974, es un instrumento jurídico regional que regula la protección de los refugiados en África y que consta de 15 artículos. Se basa en la Convención sobre los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, e influyó en la Declaración de Cartagena de 1984 y en la Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia a los Desplazados Internos en África de 2009, también conocida como Convención de Kampala. (19)

Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984( editar | editar fuente )

Influenciada por la Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, (20) o simplemente Declaración de Cartagena, adoptada en 1984 por los delegados de 10 países latinoamericanos: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, es un instrumento regional no vinculante en América Latina para la protección de los refugiados. (20)

La Declaración de Cartagena introdujo una categoría mucho más amplia de personas necesitadas de protección internacional para ser consideradas como refugiados, para incluir a «las personas que han huido de su país porque su vida, su seguridad o su libertad se han visto amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público». (20)

Reglamento de Dublín( editar | editar fuente )

El Reglamento de Dublín se estableció originalmente mediante el Convenio de Dublín, que se firmó en Dublín (Irlanda) el 15 de junio de 1990 y entró en vigor por primera vez el 1 de septiembre de 1997. (21) A éste le siguió el Reglamento Dublín II, adoptado en 2003, como un acuerdo entre la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein que determina qué Estado miembro es responsable del examen de una solicitud de asilo, presentada por personas que buscan protección internacional en virtud de la Convención de Ginebra sobre refugiados de 1951 y la Directiva de la Unión Europea sobre los requisitos, dentro de la Unión Europea. En esencia, el Reglamento de Dublín proporciona la base jurídica y las normas de procedimiento para establecer los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados participantes por un nacional de un tercer país o un apátrida, basándose en una serie de criterios. Los criterios para determinar la responsabilidad van, por orden jerárquico, desde consideraciones familiares, pasando por la posesión reciente de un visado o permiso de residencia en un Estado miembro, hasta si el solicitante ha entrado en la UE de forma irregular o regular. (21)(22)(23)

El objetivo del Reglamento de Dublín es garantizar un acceso rápido a los procedimientos de asilo y el examen de una solicitud en función de su contenido por parte de un único Estado miembro claramente determinado. Uno de los objetivos del Reglamento es garantizar que una persona no presente múltiples solicitudes de asilo en varios Estados miembros. En virtud del Reglamento de Dublín, las familias y los parientes separados en distintos países europeos pueden reunirse durante su solicitud de asilo. Los niños no acompañados pueden solicitar reunirse con uno de sus padres, tutor legal o hermanos, tíos o abuelos que vivan en Europa. Los adultos pueden solicitar reunirse con los miembros de su familia (cónyuge/pareja o hijos) en otro país, si el miembro de la familia es un solicitante de asilo o un refugiado, o si se le ha concedido protección subsidiaria. (24)

En los últimos años, este acuerdo ha otorgado a algunos países europeos una responsabilidad mucho mayor en el manejo de los migrantes y refugiados que a otros países, con el resultado de que un gran número de migrantes y refugiados no están recibiendo el apoyo y la ayuda a la que tienen derecho. Una revisión realizada en 2008 concluyó que, a falta de armonización, «el sistema de Dublín es injusto tanto para los solicitantes de asilo como para determinados Estados miembros», (25) ejerciendo una mayor presión sobre las regiones fronterizas exteriores de la UE y perturbando duramente la vida de quienes huyen a Europa en busca de protección. Esto llevó a una nueva reforma con la adopción del Reglamento Dublín III (nº 604/2013) en junio de 2013, que sustituye al Reglamento Dublín II.(23) (26)(27)

En septiembre de 2020, la Unión Europea propuso un nuevo sistema europeo de gobernanza de la migración para sustituir al Reglamento de Dublín, que tendrá estructuras comunes en materia de asilo y retorno y contará con un nuevo y sólido mecanismo de solidaridad.

Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016( editar | editar fuente )

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes el 19 de septiembre de 2016, que reafirma la importancia del régimen internacional de refugiados y contiene una amplia gama de compromisos de los Estados miembros para fortalecer y mejorar los mecanismos de protección de las personas en movimiento.

Declaración de Edimburgo sobre Migración, Etnia, Raza y Salud de 2018( editar | editar fuente )

En mayo de 2018 se celebró en Edimburgo el I Congreso Mundial sobre Migración, Etnia, Raza y Salud en el que participaron más de 50 países. El congreso dio lugar a la Declaración de Edimburgo. (30) Investigadores y personal sanitario hicieron una declaración para integrar el diálogo sobre cuestiones relacionadas con la migración, la etnia, la raza, los indígenas y los gitanos. (31)

Pacto Mundial sobre los Refugiados 2018( editar | editar fuente )

El 17 de diciembre de 2018, tras más de dos años de amplias consultas dirigidas por ACNUR con los Estados miembros, las organizaciones internacionales, los refugiados, la sociedad civil, el sector privado y los expertos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Mundial sobre los Refugiados, (32)

El Pacto Mundial sobre los Refugiados es un marco para un reparto de responsabilidades más predecible y equitativo, que reconoce que no se puede lograr una solución sostenible para los desplazados sin la cooperación internacional, y proporciona un plan para que los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas se aseguren de que las comunidades de acogida reciban el apoyo que necesitan y que los refugiados puedan llevar una vida productiva. (33) Los cuatro objetivos clave son: (32)

  • Aliviar las presiones sobre los países de acogida.
  • Potenciar la autosuficiencia de los refugiados.
  • Ampliar el acceso a soluciones de terceros países.
  • Apoyar las condiciones en los países de origen para el retorno con seguridad y dignidad. (32)

Ley sobre Desplazamiento Interno( editar | editar fuente )

Como todos los seres humanos, los desplazados internos gozan de derechos humanos articulados por los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho consuetudinario. Además, en situaciones de conflicto armado, gozan de los mismos derechos que los demás civiles a las distintas protecciones previstas por el derecho Internacional Humanitario. Los gobiernos de los Estados en los que se encuentran los desplazados internos son los principales responsables de su asistencia y protección, y la comunidad internacional desempeña un papel complementario, sin que haya ninguna agencia u organización designada como líder mundial en materia de protección y asistencia a los desplazados internos.

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas de 2004( editar | editar fuente )

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas (35) abordan las necesidades específicas de los desplazados internos en todo el mundo. Identifican los derechos y las garantías pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento, así como durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración, y son coherentes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, así como con el Derecho de los Refugiados, y los reflejan. (35)

Convención de Kampala de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África de 2009( editar | editar fuente )

La Convención de Kampala de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África de 2009 (36) es un tratado de la Unión Africana que aborda los desplazamientos internos causados por los conflictos armados, los desastres naturales y los proyectos de desarrollo a gran escala en África.

Ley de Apatridia( editar | editar fuente )

La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 (37)(38) y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 (39) son las principales convenciones internacionales que abordan la apatridia. Se complementan con los tratados internacionales de derechos humanos y las disposiciones relativas al derecho a la nacionalidad.

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954( editar | editar fuente )

La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 , adoptada el 28 de septiembre de 1954 y que entró en vigor el 6 de junio de 1960, proporcionó la definición de apátrida como alguien «que no es considerado como nacional por ningún Estado en virtud de su legislación», y con ello la base del marco jurídico internacional para abordar la apatridia. (38)

Esta Convención esbozaba unos estándares mínimos de trato, que exigían que los apátridas tuvieran los mismos derechos que los ciudadanos de un Estado con respecto a la libertad de religión y a la educación de sus hijos, y establecía que el derecho de asociación de los apátridas y el derecho al empleo y a la vivienda debían recibir, como mínimo, el mismo tratamiento que los demás no nacionales. (38)

Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961( editar | editar fuente )

La Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961,, (40) adoptada el 30 de agosto de 1961 y que entró en vigor el 13 de diciembre de 1975, es el principal instrumento internacional que establece normas para la concesión y la no retirada de la ciudadanía con el fin de evitar nuevos casos de apatridia y complementa la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Incluye 10 artículos que establecen las salvaguardias que deben aplicar los Estados para prevenir y reducir la apatridia en cuatro ámbitos principales: (40)

  1. Medidas para evitar la apatridia de los niños.
  2. Medidas para evitar la apatridia por pérdida o renuncia de la nacionalidad.
  3. Medidas para evitar la apatridia por privación de la nacionalidad.
  4. Medidas para evitar la apatridia en el contexto de la sucesión de Estados. (40)

Ley sobre la Trata de Seres Humanos y el Tráfico de Personas( editar | editar fuente )

La trata de personas y el tráfico de migrantes son delitos globales y generalizados que utilizan a hombres, mujeres y niños con fines lucrativos. Las redes organizadas o los individuos que están detrás de estos lucrativos delitos se aprovechan de personas vulnerables, desesperadas o que simplemente buscan una vida mejor. La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de las Naciones Unidas (41)adoptada por la resolución 55/25 de la Asamblea General del 15 de noviembre de 2000, es el principal instrumento internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, y se complementa con tres protocolos, que se dirigen a ámbitos y manifestaciones específicas de la delincuencia organizada. Dos de estos protocolos se centran en la prevención de la trata de seres humanos y el tráfico de personas. (41)

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas( editar | editar fuente )

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de las Naciones Unidas (42), fue adoptado por las Naciones Unidas en noviembre de 2000 como parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de las Naciones Unidas , y entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Es el primer instrumento jurídicamente vinculante con una definición internacionalmente reconocida de la trata de seres humanos y proporciona una herramienta para la identificación de las víctimas, y la detección de todas las formas de explotación, que constituyen la trata de seres humanos. (42)

Por «trata de personas» se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona teniendo autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. (42)

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire( editar | editar fuente )

El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de las Naciones Unidas , fue adoptado por las Naciones Unidas en noviembre de 2000 como parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de las Naciones Unidas y entró en vigor el 28 de enero de 2004. Es el primer instrumento jurídicamente vinculante con una definición internacionalmente reconocida de tráfico de personas y proporciona una herramienta para la identificación de las víctimas, y la detección de todas las formas de explotación, que constituyen el tráfico de personas. (43)

Por «tráfico ilícito de migrantes» se entenderá la facilitación, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material de otro tipo, de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del que no sea nacional o residente permanente.

Conocido como Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, su objetivo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, reducir el poder y la influencia de los grupos delictivos organizados que abusan de los migrantes mediante el tráfico ilícito de personas, y proteger los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico. Destaca la necesidad de un trato humano, y la necesidad de enfoques internacionales integrales para combatir el tráfico de personas, incluyendo medidas socioeconómicas que aborden las causas originarias de la migración. (44)

A diferencia de la trata de seres humanos, el tráfico de personas suele caracterizarse por un cierto nivel de consentimiento entre el individuo y el traficante que termina al llegar al destino final. Sin embargo, en muchas situaciones las personas objeto de tráfico ilícito son objeto de amenazas, abusos, explotación y tortura, e incluso la muerte, a manos de los traficantes, siendo frecuentes las violaciones extremas de los derechos humanos. La criminalización del tráfico ilícito de migrantes promovida por el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes no tiene como objetivo criminalizar a los propios migrantes, sino que pretende criminalizar y perseguir a quienes trafican con otros para obtener un beneficio.(43)

Conclusión(edit | edit source)

El Derecho Internacional Humanitario, el Derecho de los Derechos Humanos y las leyes que rigen los desplazamientos, incluyendo la legislación sobre refugiados, desplazamientos internos, trata y tráfico de personas, son cuerpos legales complementarios que comparten un objetivo común, la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas, y forman una compleja red de protecciones complementarias.

Referencias(edit | edit source)

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